Cuánto cuesta cancelar los antecedentes penales

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¿Qué son los antecedentes penales y policiales?

Antes de adentrarnos en los costes, es fundamental comprender qué son exactamente los antecedentes penales y policiales y las principales diferencias entre ellos.

Los antecedentes penales reflejan condenas firmes por delitos y se registran en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

Afectan directamente a la capacidad de una persona para ejercer ciertos derechos y acceder a oportunidades específicas, como empleos o licencias.

Por otro lado, los antecedentes policiales surgen de cualquier interacción con las fuerzas de seguridad que resulte en una anotación en su base de datos, independientemente de una posterior condena penal. 

Costes de cancelación de antecedentes

La cancelación de estos antecedentes no es gratuita, pero su coste compensa en comparación con el beneficio obtenido.

Para los antecedentes penales, el proceso implica una tasa administrativa mínima de 3,70€ para la solicitud del certificado necesario para iniciar el procedimiento.

Sin embargo, el coste real viene de la mano del asesoramiento legal profesional, estimado entre 200€ y 500€, dependiendo de la complejidad del caso y la asistencia requerida.

La cancelación de los antecedentes policiales, aunque similar, puede incurrir en costes ligeramente diferentes debido a la naturaleza de los trámites administrativos y legales involucrados.

Estos costes son aproximadamente 50€ a 150€, variando por el nivel de asesoría y gestión documental necesaria.

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Requisitos y procedimientos para cancelar los antecedentes penales

La cancelación de antecedentes penales y policiales es un proceso que ofrece una segunda oportunidad a aquellos que buscan dejar atrás errores pasados.

Sin embargo, este camino viene definido por una serie de requisitos legales y procedimientos específicos que deben ser cuidadosamente seguidos. 

Cancelación de antecedentes penales

Para proceder con la cancelación de antecedentes penales, es fundamental entender los plazos requeridos por la ley, que varían según la gravedad del delito cometido. Estos plazos son el período mínimo durante el cual la persona debe permanecer sin cometer nuevos delitos para ser elegible para la cancelación:

  • Delitos leves: 6 meses.
  • Delitos menos graves: entre 2 y 3 años.
  • Delitos graves: entre 3 y 5 años.
  • Delitos muy graves: 5 a 10 años.

Además, es imprescindible que cualquier responsabilidad civil derivada del delito haya sido satisfecha completamente. 

Procedimiento:

  • Solicitud del certificado de antecedentes penales: este es el primer paso para verificar la existencia de antecedentes. Se puede solicitar a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, en persona o por correo. 
  • Evaluación de cumplimiento de requisitos: una vez obtenido el certificado, debes evaluar si has cumplido con los plazos requeridos y si todas las responsabilidades civiles asociadas han sido atendidas.
  • Presentación de la solicitud de cancelación: este paso se realiza ante el Registro Central de Penados, pudiendo hacerse de forma telemática o presencial. La solicitud debe incluir la documentación que acredite el cumplimiento de los plazos y, en su caso, la satisfacción de las responsabilidades civiles.

Cancelación de antecedentes policiales

Los antecedentes policiales, aunque a menudo menos restrictivos en sus implicaciones, también pueden ser cancelados. Este proceso es gestionado por el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Procedimiento:

  • Solicitud de acceso a tus datos personales: debes solicitar acceso a los ficheros de la Policía Nacional o Guardia Civil para confirmar la existencia de antecedentes policiales. Este derecho de acceso es parte de tus derechos de protección de datos personales.
  • Solicitud de cancelación: si se confirma la existencia de antecedentes y ya no existe razón legal para su mantenimiento (como la resolución de un caso a tu favor), puedes solicitar su cancelación. Esta petición se debe fundamentar en la legislación de protección de datos vigente, argumentando el porqué esos datos ya no deben ser retenidos.

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