¿Qué hacer ante una denuncia por amenazas?

¿Qué es una denuncia por amenazas?

Una denuncia por amenazas es un acto formal mediante el cual una persona pone en conocimiento de las autoridades competentes que ha sido objeto de conductas intimidatorias que afectan a su tranquilidad o seguridad.

Cuando hablamos de amenazas, pueden ser verbales, escritas o gestuales y, en todo caso, implicar un mal que sea futuro, cierto y posible. Se trata de un delito tipificado en el Código Penal, el cual establece penas más severas cuando las amenazas son condicionales, exigen una contraprestación o el daño anunciado es de una gravedad considerable. Por ejemplo, la pena será superior en el caso de que la amenaza consista en atentar contra la vida o la integridad física.

¿Qué hacer si he recibido una denuncia por amenazas?

En el caso de recibir una denuncia por amenazas, será fundamental mantener la calma y actuar con rapidez, pero siempre bajo el asesoramiento legal de un abogado experto en derecho penal.

El artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho a la defensa. Por ello, contar con un abogado especializado en la materia no solo es necesario para minimizar los efectos de la denuncia, también es un derecho.

Una vez que contemos con un abogado que estudie nuestro caso concreto, es aconsejable:

Revisar la denuncia

Es muy importante analizar cuidadosamente los hechos que se nos imputan y las pruebas presentadas en contra.

No contactar con la parte denunciante

Cualquier comunicación podría ser interpretada como una agravación de la situación o, incluso, un intento de intimidar a la parte denunciante.

Recopilar pruebas

En un proceso judicial es esencial presentar pruebas, ya que no va a importar tanto lo que pasó, como lo que podemos demostrar. Por ello, hay que reunir evidencias que demuestren nuestra inocencia o desvirtúen las acusaciones recibidas. Estas pruebas suelen ser mensajes, testigos o grabaciones.

Asistir a las citaciones

Siempre bajo el asesoramiento de nuestro abogado, debemos comparecer puntualmente a los llamamientos judiciales o policiales.

El procedimiento puede concluir con el archivo de la denuncia, si la parte denunciante no puede acreditar el delito, o con la celebración de un juicio.

¿Cómo poner una denuncia por amenazas?

En el extremo contrario, si somos nosotros los que hemos recibido amenazas y creemos que pueden ser constitutivas de delito, es aconsejable interponer una denuncia.

Para ello, el afectado debe dirigirse a las autoridades competentes, tales como Policía Nacional, la Guardia Civil o un Juzgado de Guardia. No debemos pasarlo por alto, ya que el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de denunciar cualquier hecho delictivo conocido.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

Redacción de la denuncia

Es importante describir detalladamente los hechos, aportando todos los datos que recordemos, tales como fechas, lugares y circunstancias.

Presentación de pruebas

Del mismo modo que para aquellos que reciben una denuncia por amenazas, para interponerla será necesario aportar cualquier evidencia que respalde nuestra denuncia. Ha de tenerse en cuenta que la carga de la prueba recae sobre la persona que pone la denuncia. Esto significa que la denuncia no saldrá adelante si no podemos probar los hechos que alegamos.

Identificación de testigos

Debemos proporcionar los datos de las personas que puedan corroborar los hechos alegados.

Tras la presentación de la denuncia, se iniciará una investigación para determinar la veracidad de los hechos. En caso de que las amenazas sean consideradas delito leve, se seguirá un procedimiento rápido ante el Juzgado de Instrucción.

Enfoque común para ambas partes

En un contexto de amenazas que puedan constituir delito, tanto el denunciante como el denunciado deben actuar con prudencia y responsabilidad.

En este sentido, hay que evitar comportamientos que puedan interpretarse como una escalada del conflicto. Además, tanto la colaboración con las autoridades como el cumplimiento de las resoluciones judiciales van a garantizar un desarrollo ágil y justo del procedimiento.

Por su parte, el denunciante debe abstenerse de realizar acusaciones infundadas, ya que podría ser sancionado por denuncia falsa, tipificada en el artículo 456 del Código Penal.

En cuanto al denunciado, deberá evitar cualquier acción que pueda interpretarse como represalia. Lo más recomendable es no realizar comunicaciones con el denunciante, siempre que sea posible.

Juicio por amenazas

Cuando las pruebas recopiladas durante la investigación son suficientes para justificar la apertura de un procedimiento judicial, se celebra un juicio por amenazas.

Según la gravedad del delito, el procedimiento será distinto.

Delitos leves

En estos casos, el procedimiento judicial será bastante breve. Será competente el propio juzgado de instrucción del lugar de comisión de los hechos, que citará a las partes para un juicio, que finalizará por sentencia.

Para este tipo de delitos, las penas son multas o trabajos en beneficio de la comunidad.

Delitos graves y menos graves

Cuando las amenazas son condicionales o afectan a derechos fundamentales, las penas impuestas son más severas, convirtiéndose en penas de prisión de 1 a 5 años.

En estos casos, el juicio puede ser de dos tipos.

• Juicio rápido. Se da en los casos en los que la investigación del delito es sencilla y también será bastante breve. Consta de unas diligencias urgentes, que es una investigación rápida, y una vista oral.
• Procedimiento penal ordinario. Es un proceso más largo y costoso y se produce cuando los hechos presentan complejidad o no están tan claros. También consta de dos partes, la fase de instrucción, que es la fase en la que se realiza una investigación minuciosa por parte de las autoridades competentes, y la fase del juicio. Durante el juicio, ambas partes presentan sus argumentos y pruebas ante el juez.

Mediación como opción para resolver conflictos

La mediación es una herramienta eficaz para resolver conflictos derivados de una denuncia por amenazas. Este proceso permite a las partes alcanzar acuerdos con la ayuda de un mediador imparcial.

Las principales ventajas de acudir a la mediación son la rapidez, ya que reduce los tiempos procesales, la eficiencia, la confidencialidad, dado que garantiza la privacidad de las partes, y la flexibilidad, puesto que permite adoptar soluciones adaptadas a las necesidades de ambos implicados.

Esto se debe a que el mediador actúa como un facilitador del diálogo, fomentando la comprensión mutua y la búsqueda de soluciones satisfactorias para ambas partes.

No obstante, aunque ha de tenerse en cuenta que no siempre es viable, es especialmente útil en casos donde el conflicto surge en un ámbito personal o familiar.